Jurisprudencia sobre acampadas y concentraciones no comunicadas

Una compa de la Acampada Dignidad Madrid nos ha pasado un resumen de una información aportada a la asamblea de ayer 25 de marzo a las 19h por si quisierais colgarla, pasarla a otras acampadas paralelas (Valencia, Barcelona…). En este post la hemos editado para ampliarla 🙂 ¡Se ruega la máxima difusión!

La Acampada en Sol en 2011

Varias SENTENCIAS afirman que la ACAMPADA y el resto de actividades comunicadas como FORMA DE PROTESTA CONTINUADA forman parte del DERECHO DE CONCENTRACIÓN

Los tribunales dicen que el derecho fundamental de manifestación también incluye las acampadas. Por ejemplo, es muy significativa la Sentencia núm. 2143/2010 de 1 octubre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª (comentarios a esta sentencia aquí).

En el mismo sentido existen sentencias del TSJ Canarias (Sede Santa Cruz de fecha 3.11.2006), del TSJ de Navarra, de fecha 23.6.2005 y del TSJ de Andalucía (Sevilla) 14.6.2002.

La ocupación de vía pública es una competencia municipal, regulada mediante Ordenanzas municipales, con lo cual es la única competente para actuar ante una concentración que implique, por ejemplo, una acampada, pero teniendo en cuenta las anteriores sentencias no puede proceder a su desalojo si no se produce ninguna alteración del orden público ni violencia. En este último caso podría intervenir la delegación del gobierno a través de las fuerzas de seguridad del estado.

Sobre la prohibición de concentraciones se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional en su Sentencia 66/1995, de 8 de mayo de 1995.

¿Y si no notificamos una concentración?

Las manifestaciones que no se hubieran ajustado al régimen de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión no por ello habrían de reputarse ilegales (sino sólo no amparadas por la Ley Orgánica), y hay que interpretar que de no producirse alteraciones del orden público o de incurrir en algún motivo expreso de ilegalidad no podrían ser disueltas.

¿Qué consecuencias puede tener prohibir o disolver ilegalmente una concentración?

La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses, según el vigente Código Penal.

Más información:

Grupos de apoyo jurídico:

 

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Una respuesta a Jurisprudencia sobre acampadas y concentraciones no comunicadas

  1. Franky dijo:

    Bien y alguien a puesto una querella criminal contra este des-gobierno fuera de la ley? sobre todo contra la delegacion de gobierno en Madrid por la criminalizacion del #22M de la Cifuentes contra su multa y a la policia por infiltrar alborotadores, esta probado, salud.

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